Hace 30 años, los dirigentes mundiales suscribieron un compromiso histórico con todos los niños y niñas del mundo al aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, una ley internacional que se ha convertido en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia y ha contribuido a transformar la vida de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Reconociéndolos por primera vez como sujetos de derecho y no como objeto de la acción de los adultos. Las muertes de niños menores de cinco años se han reducido en más de un 50% desde 1990. El porcentaje de niños desnutridos se ha reducido a casi la mitad y hoy 2.600 millones de personas más que en 1990 cuentan con agua potable.
Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos disfruten de una infancia plena, siguen perdurando obstáculos que privan a muchos niños y niñas de sus derechos o los coloca en una situación muy vulnerable. A los desafíos antiguos se les han sumado nuevos retos como la pandemia de la COVID-19 y como consecuencia, muchos niños y niñas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad y exclusión. Una vulnerabilidad que está relacionada con causas externas (evolución del mercado de trabajo, recortes en los recursos de protección social, inseguridad ciudadana, deterioro ambiental, clima social, etc.), pero también con la apreciación e interiorización subjetiva de la propia vulnerabilidad (incertidumbre, miedo, sensación de inseguridad, pérdida de autoestima y confianza en las propias capacidades, etc). Y por ello, en nuestro entorno, hay niños y niñas que no van a la escuela, hay niñas y niños que están sufriendo violencia en sus hogares, y hay niños y niñas que no tienen las mismas oportunidades que los niños y niñas de su entorno para participar en la vida social o cultural.
Es responsabilidad de los gobiernos, empresas y comunidades que cumplan sus compromisos que emanan de la Convención, y actúen de una vez por todas para que cada niño o niña disfrute de todos sus derechos. Pero hacer realidad estos derechos también requiere de la implicación de toda la comunidad, nuestra generación debe exigir a nuestros dirigentes que adopten todas medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la participación, a la protección, a la educación, al juego, en definitiva a tener una oportunidad para brillar en la vida. Porque es indudable que es papel de los Gobiernos en todos sus niveles garantizar todos los medios para que los derechos se puedan ejercer.
Esa es una promesa que hicimos al ratificar la convención y es una promesa exigible por parte de niños y niñas. Pero, ¿estamos haciendo todo lo que podemos para cumplir con esta promesa? Necesitamos un nuevo modo de pensar y de actuar para poder dar respuesta a esos retos y ayudar a los niños y niñas a quienes resulta más difícil llegar. A esos niños y niñas en riesgo o en situación de exclusión social.
Desde Ciudades Amigas de la Infancia trabajamos con las administraciones locales, entidades sociales y niños y niñas impulsando que los ayuntamientos, las instituciones que comparten la obligación del cumplimiento de las disposiciones de la Convención, pasen a la acción para promover, proteger y potenciar esos derechos. Para ello es necesario que pongan en marcha una serie de estrategias: diseñen políticas públicas eficaces, basadas en evidencia, dotadas de recursos, con un enfoque de infancia y de equidad, donde se tenga en cuenta el interés superior del niño. Además, trabajamos promocionando la participación infantil y adolescente (enfoque de participación) e impulsando alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque de alianzas).
Para ello ofrecemos a las instituciones recursos formativos y materiales para que las decisiones que adopten vayan encaminadas a nuestro objetivo: que todos los niños y las niñas disfruten de su infancia y alcancen todo su potencial a través de la igualdad en la realización de sus derechos dentro de sus ciudades y comunidades locales. Igualmente, colaboramos con entidades de la sociedad civil poniendo a su disposición recursos, principalmente educativos y materiales, para que desarrollen sus responsabilidades en la garantía los derechos a la infancia de su comunidad incluida la exigibilidad y promoción de los derechos.
Esta es nuestra forma de contribuir al objetivo de cumplimiento de la Convención en nuestra comunidad, que se diseñen, implementen y obtengan resultados, a través de políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños y las niñas, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes. Un marco jurídico que compromete a los titulares de obligaciones (los Estados parte, o gobiernos que han ratificado la Convención) en realizar todos los esfuerzos posibles para hacer realidad los derechos allí recogidos para los niños y niñas, como titulares de derechos.
Conseguir transformaciones tangibles en las localidades Amigas de la Infancia implica adicionalmente que se está contribuyendo a la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible (la Agenda 2030, con sus 17 ODS) y al progreso prometido en la Carta de las Naciones Unidas.
Resumiendo, una Ciudad Amiga de la Infancia[1] es aquella en la que sus instituciones públicas, su sociedad civil, asociaciones de padres y madres, así como cada una de las personas que las conforman, trabajan y asumen comportamientos, para que las voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de los niños y niñas constituyen una parte integral de las políticas, los programas y las decisiones públicas. Como resultado, una Ciudad Amiga de la Infancia es un mejor lugar para que vivamos todos, si es un lugar donde los niños y las niñas:
- Están a salvo y protegidos de la explotación, la violencia y el abuso;
- Tienen acceso a servicios esenciales de calidad;
- Tienen un buen comienzo en la vida y crecen sanos y cuidados;
- Reciben una educación de calidad, inclusiva y participativa que les brinda la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades;
- Cuentan con espacios donde expresar sus opiniones e influir en las decisiones que les afectan;
- Participan en la vida familiar, cultural y social;
- Viven en un ambiente limpio, no contaminado y seguro con acceso a espacios verdes;
- Pueden reunirse con sus amigos y cuentan con espacios para jugar y divertirse;
- Tienen acceso a las mismas oportunidades, con independencia de su origen étnico, religión, ingresos, sexo, identidad de género o capacidad.
[1] El Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” es una distinción que otorga UNICEF Comité Español, junto con sus aliados (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Federación Española de Municipios y Provincias y el IUNDIA), para poner en valor el compromiso y el esfuerzo que realizan los ayuntamientos, mancomunidades y otros Gobiernos Locales, junto con sus aliados, a fin de incorporar a la infancia y adolescencia en el centro de su agenda política. Comité Español en alianza con: Las cuatro entidades constituyen la Secretaría Permanente del Programa, órgano que define la estrategia estatal y toma la decisión final sobre los gobiernos locales reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia en España.